A un año de la toma de posesión del Ejecutivo federal, el Faro Educativo del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana convocó a su primer foro público que tuvo por objetivo reflexionar sobre los principales avances, definiciones y retos de la política educativa en México. Después de ser inaugurado por Sylvia Schmelkes, vicerrectora académica de la Ibero, y Stefano Sartorello, director del INIDE, el evento coordinado por Arcelia Martínez se organizó en 3 mesas de análisis.
La Mesa 1 “Políticas para la equidad e inclusión educativas”, moderada por Stefano Sartorello y en la que participaron Cristina Perales, Manuel López, Carlos Rodríguez, Mercedes Ruiz y Marisol Silva, tuvo la finalidad de dialogar sobre los énfasis, aciertos y retos que se observan en la propuesta de la actual administración para garantizar la equidad e inclusión en la educación. Se comentó que uno de los aspectos positivos de los documentos de política disponibles a la fecha es haber visibilizado la función reproductora de las desigualdades sociales dentro del sistema educativo y concebir ciertos fenómenos –la violencia escolar, por ejemplo– como productos de la inequidad social. En relación con ello, los participantes señalaron que es innovador el reconocimiento del derecho a una educación equitativa, inclusiva e intercultural para toda la población, la convivencia como un fin mismo de la educación, el establecimiento del interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes como criterio rector de la educación, y el derecho de los docentes a la formación continua.
Sin embargo, los participantes de la mesa hicieron alusión a diversos riesgos en el desarrollo y concreción de las políticas para la equidad y la inclusión, como, por ejemplo, el no asignar presupuestos equivalentes a los discursos y exigencias que se hacen a instituciones educativas –especialmente a las de tipo superior y a las que atienden en todos los niveles a las poblaciones más vulneradas de México–. Se comentó también que existe una visión homogénea de la vulnerabilidad, generalmente ligada a la exclusión económica, y que inevitablemente se busca resolver a partir la asignación de becas, y que la discapacidad normalmente se ve reducida a la de tipo motriz. A esto se suma el uso de conceptos como “educación indígena” y “educación especial”, que no parecen reconocer los avances que se han realizado, tanto en los espacios académicos, como en las mismas comunidades escolares, para trabajar con conceptos más amplios como la “educación inclusiva e intercultural”.
En el mismo sentido, se dijo que la pertinencia y la equidad en educación se sigue entendiendo como el acceso a la escolarización, y que esto es especialmente visible en los proyectos prioritarios. En el caso de las becas Benito Juárez se mencionó que su posibilidad para favorecer la equidad se anula al hacerlas universales, pues ello limita los montos disponibles para quienes las becas sí resultan clave en su acceso, permanencia y logro educativos. Se dijo que no sólo es un problema de cuánto se gasta –poco–, sino de cómo se gasta –inefectivamente–. Respecto a la apertura de 100 universidades se señaló que, si el acceso no va acompañado de calidad, no hay equidad, sino sólo un esquema de inclusión estratificada. Los participantes comentaron que entre los pendientes a considerar están las diferentes condiciones de educabilidad entre los educandos, transitar del derecho al acceso al derecho a aprender y, tanto clarificar, como articular, ciertos conceptos hoy presentes –pero poco nítidos– en el nuevo marco de política educativa, tales como “barreras de aprendizaje”, “interculturalidad”, “inclusión” y “equidad”.
La Mesa 2 “Evaluación y mejora educativa”, moderada por Manuel Triano y en la que participaron Emilio Blanco, Rafael de Hoyos, Arcelia Martínez y Luis Medina, tuvo como objetivo dialogar sobre el futuro de la evaluación educativa a partir de las modificaciones del marco normativo y las declaraciones oficiales sobre el papel de la evaluación en la mejora de la educación, a fin de analizar su reconfiguración e identificar los principales retos de este eje de política. Al respecto, se señaló que en las últimas dos décadas se avanzó en la realización de ejercicios de evaluación más comprehensivos de los componentes, procesos y resultados del sistema educativo, lo cual permitió tener un diagnóstico más integral del mismo. Se dijo, sin embargo, que los cambios en el posicionamiento y entramado institucional de la evaluación educativa de esta administración son negativos porque han consistido en destruir lo que había y reemplazarlo con nada. Los participantes comentaron que en las recientes modificaciones al marco normativo se habla de una evaluación formativa, de carácter diagnóstica, pero, al día de hoy, aún no se tiene claridad sobre los componentes, procesos y/o resultados que va a evaluar la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), organismo que sustituyó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Se señaló también que hoy hay un desprecio por la evidencia y que las políticas que se están implementando parecen ir en contra de ella, y ser resultado más que nada de decisiones políticas.
Los participantes mostraron su preocupación de que este gobierno no parezca tener interés en ser evaluado, primero porque desconfía, segundo porque uno de sus principales aliados -las cúpulas magisteriales- han manifestado su rechazo a ésta, y tercero porque no le ve utilidad a la evaluación. Ante ello, los ponentes coincidieron en que la evaluación es una condición necesaria -más no suficiente- para la mejora y, en virtud de que la toma de decisiones a nivel federal no parece que se vaya a llevar a cabo con base en la evidencia, la ciencia y las evaluaciones, se sugirió la posibilidad de trabajar más de cerca con gobiernos estatales a los que les interese evaluarse, y con escuelas, a fin de ayudarlos a fortalecer sus capacidades de evaluación. Al respecto, también se destacó que los investigadores y la sociedad civil organizada también pueden ayudar a generar evidencia sobre la efectividad de las distintas políticas educativas, que, si no ayuda a la modificación en las decisiones gubernamentales, por lo menos abone a la rendición de cuentas del sistema, la democratización de los asuntos educativos y la generación de debates argumentados.
Finalmente, la Mesa 3 “Las grandes líneas y ejes de la política educativa del sexenio”, moderada por Arcelia Martínez y en la que participaron Alejandro Canales, Marco Fernández, Aurora Loyo, Alma Maldonado y Roberto Rodríguez, tuvo como objetivo discutir sobre los avances en la definición de los principales ejes y líneas de la política educativa actual, con especial énfasis en las continuidades, innovaciones, rupturas y reconfiguraciones que se observan respecto a las prioridades educativas del sexenio anterior. Los participantes mencionaron diversos riesgos a manera de contradicciones entre la narrativa sostenida por el gobierno y las acciones finalmente adoptadas, lo que, señalaron, hace pensar en simulaciones. Entre los riesgos y problemáticas, se señalaron la centralización, la reducción de espacios de incidencia autónoma como el INEE, el desprestigio por la evidencia y la capacidad técnica, el configurar nuevos comités escolares, poco transparentes, pero a los que se les asignaron responsabilidades básicas del Estado antes materia del hoy desparecido Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y de las autoridades escolares mismas, y el privilegiar la austeridad y designar los escasos recursos en políticas poco claras. Sobre las contradicciones entre discurso y presupuesto, se señaló que preocupa la baja asignación presupuestal para la formación inicial y continua del magisterio, y el no dar continuidad o cortar presupuestos a políticas que tenían como propósito favorecer la equidad.
En cuanto a los retos de la participación social se debatió cómo lograr la gobernabilidad del sistema educativo. Si bien se coincidió en que los sindicatos magisteriales son los actores actualmente más fuertes en la arena del debate público de la educación, hubo discrepancias en torno a si hoy son necesarios y democráticos (o no) los acuerdos gubernamentales con estos actores. Al finalizar la mesa, todos los participantes coincidieron sobre la responsabilidad de los especialistas en educación para involucrarse en el seguimiento de las decisiones de política, desentrañando los procesos de las políticas educativas en lo macro y lo micro, dialogando con las autoridades, e impulsando la transición hacia un modelo de gobernanza en el que se reconozca el valor y capacidad de otros sectores de la sociedad para participar activamente del rumbo del sistema educativo.
Quedan pendientes varios debates y uno próximo, necesario y cercano, tendrá que realizarse tan pronto el gobierno federal haga público el Programa Sectorial de Educación 2019-2024. La fecha límite para ello es el 12 de enero de 2020 (de acuerdo con lo que señala la Ley de Planeación, en su artículo 30, de que la publicación de este último debe hacerse a más tardar a los seis meses de expedido el Plan Nacional de Desarrollo). Por lo que el Faro Educativo los invita a permanecer atentos a próximos debates. En breve también, el Faro publicará distintos Apuntes de política en los que ahondará en las discusiones sostenidas durante su primer foro público.
¡Acompáñanos a observar las políticas educativas!
Mesa 1 “Políticas para la equidad e inclusión educativas”
Mesa 2 “Evaluación y mejora educativa”
Mesa 3 “Las grandes líneas y ejes de la política educativa del sexenio”
