El seminario se centró en la discusión de las prioridades de la 4T en materia de educación anunciadas en abril por la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, a saber: la propuesta de nuevo plan de estudios para la educación básica, la dignificación del trabajo docente, a partir del incremento salarial, el programa “La Escuela es Nuestra” y el programa de becas Benito Juárez.
En su primera intervención, Emilio Blanco hizo una breve recapitulación de los acontecimientos en el sector educativo mexicano, desde la reforma educativa de 2013 en la administración de Enrique Peña Nieto, la cual, comentó, no tuvo los resultados esperados. Emilio Blanco explicó que, tanto el presidente actual como su partido (Morena), conocen bien el efecto negativo que tuvo dicha reforma en las y los docentes, por lo que esa podría ser la base para sentar las nuevas prioridades del Sistema Educativo Nacional (SEN). Sin embargo, comentó que es importante anotar que en esta administración no hay como tal una agenda educativa, sino una agenda del presidente.
Comentó también que uno de los problemas más grandes que ve en materia de política educativa es la eliminación de los intermediarios como una política educativa, lo que refleja una visión pobre de la educación en donde pareciera que no hacen falta profesionistas especializado/as, y más bien se apuesta a que las familias y las comunidades saben lo que necesita la escuela, entonces se les da el dinero y se espera que, de forma autorregulada, lo inviertan en las necesidades educativas. Sobre esto comentó que es muy importante recordar que, para sacar a las personas de la pobreza, no sólo hay que entregarles dinero, sino también dirigirlas hacia algún lugar, lo cual claramente no sucede en esta administración.
En su turno, Jimena Hernández coincidió con la importancia de tomar en cuenta el contexto histórico del SEN para analizar la política educativa de este nuevo sexenio. Explicó que la nueva administración buscó hacer los cambios previamente mencionados para impulsar una agenda personal (la del presidente), pero no porque estas decisiones fueran a mejorar el Sistema Educativo realmente. Igualmente, expresó su preocupación sobre la falta de claridad en cuanto a cómo se apoyará a los y las docentes para la implementación de dichos cambios y resaltó que, a pesar de que el incremento salarial a las y los docentes fue acertado, al considerar la inflación y la precariedad laboral en la que muchos docentes se encontraban, dicho incremento no es suficiente. Habló también de la exclusión de las y los maestros que pertenecen al Programa Nacional de Inglés, quienes no están incorporados al SEN y, por lo tanto, no cuentan con el reconocimiento tanto social como económico con el que cuentan el resto de las y los maestros.
Jimena comentó que a ella también le preocupa la transferencia directa de recursos y responsabilidades a las comunidades a propósito del programa La Escuela es nuestra, ya que cualquier cambio a la infraestructura de los centros escolares, por ejemplo, se estaría llevando sin el conocimiento técnico de quienes saben del tema de la construcción, lo cual representa un riesgo para las escuelas. Refirió que la Auditoría Superior de la Federación visualiza una falla en la estrategia de asignación de recursos lo cual podría generar suspicacias en materia de corrupción, ya que hay más de 1,000 escuelas que no han reportado qué hicieron con el presupuesto que se les otorgó a pesar de que éste ya fue otorgado, o en algunos casos, el dinero se depositó a una cuenta escolar, éste fue retirado por la tesorera de la institución y después se reportó que fue robado o utilizado para temas personales y no ha sido repuesto.
En su intervención, Arcelia Martínez Bordón explicó que la reforma educativa de Peña Nieto generó mucha resistencia entre varios docentes y líderes sindicales porque esta se percibió como una reforma de carácter punitivo, lo cual, además, Andrés Manuel López Obrador supo capitalizar durante su campaña a la presidencia, al prometer su cancelación al llegar al poder. A continuación, explicó que las prioridades de la nueva administración, es decir, La Escuela es Nuestra, el incremento salarial docente, los nuevos planes y programas de estudio y el otorgamiento de becas a estudiantes, representan soluciones no integrales ni a fondo de los grandes retos del sistema. Se trata, dijo, de una política de transferencia directas, con alta rentabilidad política, pero que poco pueden abonar a un cambio sistémico. Por lo tanto, dijo, se puede afirmar que en este sexenio la agenda política está por encima de la agenda educativa, por lo que es muy posible esta administración concluya sin ningún cambio sustancial, lo cual es lamentable dado que estamos en un momento de crisis. Además de que la sociedad no está exigiendo un mejor servicio educativo, por lo que, sin la presión ni una opinión pública crítica e informada es difícil imaginar un cambio en la forma de hacer política educativa.
Para terminar la primera ronda, Mercedes Ruiz enfatizó que es importante cuestionarnos si tenemos una agenda educativa o más bien una agenda política y aprovechó para colocar en la discusión la pregunta: ¿qué problemas educativos se están atendiendo o priorizando?
Al respecto, Emilio Blanco dijo que él veía propuestas diferentes en materia educativa en la administración de AMLO, sólo que esos cambios no eran provechosos. A diferencia de las administraciones anteriores, en donde se buscaba quedar bien con las y los maestros, pero también se tomaban en cuenta otras y otros actores educativos como académica/os y empresaria/os, en este sexenio, comentó se percibe una soberbia en cuanto a la construcción de la agenda educativa, lo cual es peligroso porque deja el antecedente de que, si se tiene suficiente legitimidad en las urnas, se pueden tomar decisiones unilaterales. Sobre este mismo comentó que la actual reestructura en materia de prioridades educativas tiene el mismo problema, o peor, que las otras propuestas de planes y programas del pasado: está hecha desde arriba, a partir de la ideología de la administración en turno, sin consulta a las y los docentes.
En su turno, Jimena Hernández comentó que habría que preguntarse si había política educativa en México, no sólo en este sexenio, sino a lo largo de las distintas administraciones. Jimena comentó que en este país ni hoy ni antes se ha tomado en cuenta la evidencia para hacer política educativa y hoy además se ha desmantelado al sistema de evaluación educativa. Dijo también que el acceso a las becas ha sido una prioridad para buscar la permanencia de los estudiantes en el sistema, pero si no se hacen políticas integrales que busquen mejorar las condiciones de aprendizaje, la situación de abandono no va a cambiar.
En su última intervención, Arcelia Martínez dijo coincidir con Emilio Blanco en que en los sexenios anteriores había un interés, o al menos eso se buscaba colocar en el discurso, por cada vez tomar mejores decisiones de política a partir de la información y la evidencia, lo cual ha tenido un gran revés en esta administración, más caracterizada por su verticalidad. Aprovechó para reiterar su preocupación sobre la falta de una visión integral para el diseño de políticas educativas; enfatizó que hay que analizar cuáles son los factores que influyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje y a partir de ello evaluar si los esfuerzos de la administración pueden abonar a mejorar dichos procesos.
Desde el Faro Educativo nos parece muy importante preguntarnos cuáles son las prioridades de esta administración en materia de política educativa y qué se puede hacer para afrontar la crisis del sistema, ya añeja, pero agravada por la pandemia por covid-19. No se pierdan estas y otras discusiones. Si no pudieron acompañarnos en vivo, todos los videos de los seminarios están disponibles en el canal de YouTube del Faro Educativo.
¡Las y los invitamos a observar y a discutir los alcances y retos de las políticas educativas!
