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Justificación y Antecedentes

La educación es un derecho humano establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) y reconocido por México en la Constitución. Aunque se trata de un derecho bisagra, porque impulsa el desarrollo integral de las potencialidades, tanto de los individuos, como de las sociedades (INEE, 2014), la garantía de su cumplimiento enfrenta una serie de dificultades. 

En México, la ausencia de equidad en el sistema educativo es uno de los retos más graves (Blanco, 2011; CEEY, 2012; García-Miramón, 2016; INEE, 2014; Solera, 2018; Solís, 2013). Si bien éste y otros problemas educativos no poseen soluciones sencillas, una cosa es segura: el derecho a la educación debe exigirse e, idealmente, hacerse justiciable (Latapí, 2009). De ahí la importancia de, entre otros aspectos, generar información que dé cuenta sobre los avances y retos de las políticas e intervenciones que se han puesto en marcha para garantizar su cumplimiento.

Los observatorios de políticas públicas se constituyen como mecanismos que además de analizar y sintetizar información, buscan vigilar, evaluar, denunciar, transparentar, democratizar, generar opinión pública e incidir en la toma de decisiones (Martínez, Valencia y Díaz, 2014). La información que generan contribuye al análisis, evaluación, monitoreo y vigilancia de las políticas por los propios servidores públicos, los investigadores y la ciudadanía en general.

Durante más de una década (1998–2009), el Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE), fundado por grandes figuras de la investigación educativa, entre ellos y como cabeza principal Don Pablo Latapí Sarré, buscó “darle seguimiento puntual a los problemas educativos y a las decisiones públicas en este campo […] [para] demandar a las autoridades educativas el esclarecimiento de sus acciones” (Hamui-Sutton, 2009, p. 620). Hoy en día, además, existen otros observatorios, thinks tanks y organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a diversos aspectos de la educación en México. A dichas iniciativas y experiencias se suma el Faro Educativo del INIDE.

Objetivos

Objetivo general

Generar conocimiento valioso sobre los procesos y resultados de las políticas educativas que abone a la construcción de intervenciones basadas en evidencia, transparentes, equitativas y exigibles, y que permita tender puentes entre la investigación y los diferentes actores del sistema educativo.

Objetivos específicos

  1. Analizar el diseño, operación, alcances y retos de las políticas e intervenciones diseñadas para la atención de problemas educativos. 
  2. Contribuir a la comprensión de las problemáticas y políticas del sistema educativo mexicano.
  3. Coadyuvar a la generación de un debate educativo argumentado.
  4. Potenciar el fortalecimiento de agencias ciudadanas.
  5. Recuperar las voces y experiencias de los actores del sistema educativo. 
  6. Abonar a la rendición de cuentas en educación.

Referentes teórico-metodológicos

El proceso de las políticas públicas, en particular las educativas, constituye el objeto de estudio del Faro Educativo. Siguiendo a Aguilar (2003), las políticas públicas son el conjunto de acciones intencionales y causales, orientadas a la realización de un objetivo de interés público, idealmente, de manera constante y coherente. 

Así, el principal referente analítico del Faro Educativo del INIDE es el enfoque de políticas públicas. En éste, el proceso o ciclo de políticas públicas se compone por una serie de momentos o etapas lógicas –no necesariamente cronológicas– en las que se ven involucrados actores, valores, capacidades, intereses, decisiones, recursos, restricciones, desarrollos, tensiones, y resultados específicos (Aguilar, 1993; Bardach, 2000; Dunn, 1994; Merino, 2013; Parsons, 2007; Weiss, 2016).

Desde el Faro Educativo del INIDE se pretende analizar las políticas en sus tres dimensiones (macro, meso y micro) y en los distintos momentos de su ciclo:

Dimensiones - etapas de la observación
Dimensiones - etapas de la observación

Fuente: elaboración propia